La Red UNITAS está impulsando una CARTA PÚBLICA para tres Órganos del Estado, exigiendo acciones puntuales y efectivas antes la situación de la crisis ambiental provocada por los incendios forestales, este documento pretende ser presentado de una forma formal a los órganos oficiales del Estado. Esta carta es una expresión del clamor que se vive en estos días y piden que se compartan en los diferentes medios de comunicación y en los espacios de diálogo y discusión de la sociedad civil.
Con ese fundamento muchas instituciones se han adherido. Esta carta será entregada públicamente el día lunes 16 a hrs. 9:30 en correspondencia del Palacio (Calle Potosí y Ayacucho).
Los diferentes medios de comunicación están invitados para dar cobertura a la iniciativa, a la que ya se sumaron varias organizaciones de la sociedad civil.
CARTA PUBLICA
La Paz, 13 de septiembre de 2024
Señores:
Luis Arce Catacora
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
David Choquehuanca
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Marco Jaimes
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Presente. –
Nos declaramos en EMERGENCIA:
Nos dirigimos a ustedes alarmados por la emergencia climática que están provocando los incendios forestales en nuestro país. Cada año esta tragedia atenta contra la vida, la biodiversidad y el ecosistema; en esta gestión los ecocidas provocaron los incendios desde julio, con daños y consecuencias irreversibles para la madre tierra, reconocida por el Gobierno de Bolivia como sujeto de derechos, según el Art. 5 de la Ley No.71 del 21 de diciembre de 2010.
Según el monitoreo de Fundación TIERRA las pérdidas se contabilizan en 4 millones de hectáreas quemadas, afectando la vida de los pueblos indígenas que están siendo desplazados de sus comunidades. Los incendios incluso están afectando Áreas Protegidas y la tercera parte de los incendios está arrasando bosque primario.
Las causas de los incendios son varias, la antigua práctica del chaqueo que, alentadas por un paquete de leyes incendiarias[1], se ha institucionalizado como un mecanismo de ampliación de la frontera agrícola favoreciendo a los capitales del agronegocio y a los grupos interculturales que apoyan al oficialismo. Las restricciones y sanciones a esta práctica no se cumplen y campea la impunidad entre quienes provocan los incendios. Además de la prolongada sequía y efectos del cambio climático (incremento de temperaturas).
Las consecuencias de las quemas son devastadoras. La pérdida de biodiversidad es alarmante y pone en riesgo la supervivencia de la flora y fauna de los territorios afectados. Las comunidades indígenas y rurales han visto sus medios de vida destruidos, incluyendo la pérdida de cultivos y la
contaminación de fuentes de agua. La calidad del aire se ha deteriorado significativamente, afectando la salud de miles de personas. La pérdida de bosques, estrechamente relacionada con la escasez y estrés hídrico que ya se tiene, afectará seriamente el acceso a agua en centros poblados y en especial la seguridad alimentaria.
Derechos vulnerados
En el primer semestre de 2024, las vulneraciones a los derechos socioambientales aumentaron un 67 % respecto a 2023, sobre todo por los incendios, según el Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia, gestionado por LIDEMA. Los focos de calor en territorios indígenas se incrementaron 9 veces en comparación con 2023, provocando la evacuación de pobladores, especialmente niños/as, debido a los altos niveles de contaminación.
El Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) supera el nivel 200 en varias ciudades, indicando una calidad del aire “muy mala”, se ha reportado un aumento de enfermedades respiratorias debido a la contaminación del aire, lo que expone a las personas a sufrir graves enfermedades, entre ellas el cáncer, según alertó la Sociedad Boliviana de Neumología. Las clases presenciales tuvieron que ser suspendidas para precautelar la salud de escolares.
Ya en 2019 La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han señalado que estos fenómenos tienen un impacto significativo en el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y el acceso al agua potable[2]. Siendo el derecho a la vida un derecho humano fundamental; contra el cual los incendios y las política pública que alienta los mismos, está atentando.
Los órganos estatales de control y fiscalización de los bosques y áreas protegidas se han debilitado. El SERNAP enfrenta una crisis económica y las instituciones encargadas de la administración y control de los bosques han perdido peso en los presupuestos estatales, lo que ha dificultado la respuesta a los incendios y la conservación de los bosques[3].
El artículo 11 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana, junto con otros instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, subrayan que los derechos ambientales son fundamentales para el ejercicio de otros derechos humanos, como los económicos, sociales y culturales.
El derecho al agua es uno de los más afectados por los incendios, agravado por la sequía prolongada y las lluvias que arrastran cenizas a las fuentes de agua. Además, los derechos a la salud, educación, alimentación y trabajo también se ven comprometidos.
Promoción de incendios desde el Estado
Desde las instituciones del Estado, lejos de garantizar los derechos de la población, protegen con la impunidad a aquellas personas y poderes corporativos que promueven los incendios.
En octubre de 2023, la Procuraduría General inició una investigación para determinar el origen de los incendios que devastaron 3,5 millones de hectáreas y afectaron a miles personas. En enero, la institución emitió un dictamen, en el que se enlistan a 40 propiedades privadas, tanto ganaderas como agrícolas, donde se iniciaron los incendios. La entidad dispuso varias acciones, entre ellas, la reversión de tierras por incumplimiento de la función económica y social, pero seis meses después, en junio, el Órgano Ejecutivo solicitó a la Procuraduría suspender la reversión de tierras a los miembros de las Federaciones de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y de Santa Cruz (Fegasacruz), quienes estaban implicados en los incendios del año anterior.
EXIGIMOS
Frente a esta destrucción de la vida, la biodiversidad y el ecosistema en Bolivia, nos manifestamos exigiendo a los órganos del estado, lo siguiente:
Al Órgano Ejecutivo
- Convocar a representantes de la sociedad civil para impulsar el debate nacional sobre un nuevo modelo de desarrollo, que no esté centrado en el extractivismo ni en la agroindustria porque ha quedado claro que este modelo es destructivo y está poniendo en riesgo el futuro de nuestro país y la vida de sus habitantes.
- Declarar desastre nacional para movilizar recursos varios, entre ellos de la cooperación internacional destinada a apagar los incendios lo antes posible y no esperar la temporada de lluvias, priorizando la protección de los territorios indígenas y áreas rurales afectadas.
- Restituir el dictamen procuradurial para empezar el proceso de reversión de tierras de las propiedades que el año 2023 iniciaron los incendios.
- Establecer un sistema técnico y transparente de monitoreo de los incendios y su difusión en línea con datos comparativos por años, por mes y por día para que la sociedad civil conozca el avance de esta devastación y el efecto de las medidas de contención.
- Implementación de políticas de reforestación y restauración ecológica a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas, con participación de las comunidades locales y políticas de adaptación y mitigación ante la emergencia climática.
- Revisión del presupuesto nacional asignado a las instituciones encargadas de la protección de los bosques, fortaleciendo y cualificando al SERNAP y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Al Órgano Legislativo
- Concluir el proceso de abrogación del paquete las leyes, que promueven la deforestación y los incendios para quitar la protección a los devastadores
- Creación de una legislación específica para proteger los territorios indígenas y áreas de producción forestal permanente, que garantice la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
- Aprobación de una ley que prohíba definitivamente el desmonte y las quemas en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico.
Al órgano judicial
1. Activar todos los mecanismos para impulsar los procesos contra los responsables de los incendios, autores directos e intelectuales.
De no asumir estas y otras medidas propuestas por la sociedad civil quedará claro que todas las instancias de poder se han convertido en cómplices de esta destrucción y que, lejos de querer apagar los incendios, pretende mantenerlos activos para habilitar más y más tierras de cultivo, destinadas a satisfacer el lucro de poderosos sectores corporativos en el país, contradiciendo su retórica de protección de la madre tierra y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Firman:
UNITAS – Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
APROSAR – Asociación de Promotores de Salud del área rural
CASA DE LA MUJER
CEDLA – Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral
CEJIS – Centro de Estudio Jurídicos e Investigación Social
CENDA – Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
CIAC – Centro de Investigación y Apoyo Campesino
CIDEM – Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CIUDADANÍA – Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública
DNI-B – Defensa de los Niños Internacional – Sección Bolivia
Fundación ACLO – Fundación Acción Cultural Loyola Tarija
Fundación SARTAWI SAYARIY
Fundación Social URAMANTA
IICA – Instituto de Investigación y Capacitación Campesina
INDICEP – Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular
IPTK – Instituto Politécnico Tomás Kari
ISALP – Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí
KURMI – Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino
MUAC – Mujeres en Acción
PIO XII – Centro de Comunicación y Educación Popular
SEMTA – Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas
Fundación JUBILEO
PBFCC – Plataforma Frente al Cambio Climático
[1] Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, Ley 502 de ampliación del plazo y modificación a la ley n° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, Ley 739 de Modificación de las leyes n° 337 y n° 502 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, Ley 740 de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social, Ley 741de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, Ley 952 de ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, Ley 1098 que establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, DS 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, Ley 1171 de uso y manejo racional de quemas, Decreto que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 200, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
[2] CIDH y su REDESCA expresan profunda preocupación por la deforestación y la quema en la Amazonía, 3 de septiembre de 2019 https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/215.asp
[3] CEJIS, Deforestación e Incendios Forestales en Bolivia y Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, 2019, pág. 15